El mapa de las cajas se reabre un año después del anuncio de las primeras fusiones y tal vez en el peor momento, con los renovados ataques a la deuda de los países periféricos, de los que por ahora se viene librando España. La ruptura de la que iba a ser la tercera caja, el Banco Base, se materializó ayer. Aunque la bomba se gestó el lunes pasado: aquel día, tres de los cuatro socios -Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura- decidieron pedir 2.800 millones de dinero público por los problemas de solvencia de Caja del Mediterráneo (CAM). Esa situación conducía a la nacionalización del Banco Base, un proyecto imposible.
Tras la ruptura, el Banco de España requirió a las cuatro cajas que comuniquen "inmediatamente" sus estrategias para conseguir el capital necesario. El supervisor intentará vender la CAM, la más débil, sin intervenirla, aunque todavía se deben cumplir los trámites legales que establece el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que pueden llevar semanas. La entidad alicantina comunicó cerca de la medianoche que "se propone solicitar apoyo financiero" del fondo de rescate, lo que en la práctica puede suponer su nacionalización, al menos parcial y temporal.
El rechazo en tres de las asambleas fue abrumador: en la caja asturiana 227 miembros votaron en contra y uno se abstuvo. En la extremeña hubo 150 votos contra la unión y dos a favor. Y en la de Caja Cantabria fueron 90 los votos emitidos contra la fusión y cuatro abstenciones. La única asamblea que votó a favor del Banco Base fue la de la CAM. No sirvió para nada. La entidad alicantina dijo que "continuará adelante" con Banco Base y que estudiará las consecuencias jurídicas del rechazo de sus socios. También estudia reclamaciones por la ruptura de los compromisos.
Incertidumbre
Cajastur pretende retomar las negociaciones con Caja Extremadura, Caja Cantabria y otras para emprender un nuevo proyecto con más tamaño. Estas tres formarían un grupo solvente, pero de solo 59.532 millones: una entidad de tamaño mediano, en el décimo puesto del ránking.
"Hoy era el día de obtener un sí rotundo". La frase, de un miembro del Consejo de Administración de la CAM, resume el espíritu que dominó ayer en la entidad. La Asamblea general, aun a sabiendas de que el pacto con sus socios estaba virtualmente roto, aprobó el último paso pendiente para su fusión con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura con 135 votos a favor de los 141 consejeros generales presentes (el 80,11%). Solo hubo seis votos en contra, de CGT y CC OO.
El presidente de la CAM, Modesto Crespo, y la directora general, Maria Dolores Amorós, explicaron la preferencia de la caja por salir a Bolsa en vez de pedir ayudas al FROB, defendieron que el motivo aducido por sus socios para solicitar casi el doble de fondos de los previstos era "cumplir con mayor seguridad las pruebas de estrés de las entidades financieras" y apelaron al consenso dentro del Banco Base para justificar que aceptaron la medida. Amorós fue un poco más allá: "Tengan la absoluta seguridad de que nuestros socios conocían nuestros números con detalle y que estos números figuran en las actas del Banco Base desde hace meses. Es por tanto falso que haya habido alguna sorpresa o cambio".
El rechazo de la asamblea de Cajastur obedeció a la desconfianza suscitada por el deterioro de las cuentas de CAM (la mayor de las cajas participantes y que iba aportar el 56% del negocio conjunto), el temor a que la tendencia de la caja alicantina entrañase un serio obstáculo a la viabilidad futura de la fusión y la negativa a dar entrada al capital estatal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la cuantía aprobada el pasado lunes (2.784 millones) ante las necesidades de CAM y que sus tres socios juzgaron excesiva porque entrañaba una nacionalización y que el Estado se convirtiese en el mayor accionista.
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, también terció ayer para pedir que el Banco de España dé la cara y explique su actuación. "Con las entidades financieras no se puede hacer política", añadió para señalar después al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como "único responsable".
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