Turbulencias en Fomento. El Ministerio no arranca y la obra pública, el motor del país, está parada. Más que sensación, es una realidad a la que las constructoras se enfrentan con miedo y preocupación. El departamento que dirige José Blanco casi no certifica infraestructuras desde julio y los recortes han dejado más de cien obras paradas a cielo abierto.
Con este panorama, muchas empresas o han detenido las máquinas o trabajan al ralentí a la espera de queFomento mueva ficha. Es el caso de la autovía del Cantábrico A-8, donde en algunos tramos Acciona o Ferrovial ya han paralizado los trabajos, o la A-7 a su paso por Granada.
Pero de momento, parece que Blanco jugará al gato y al ratón con las constructoras. ¿El motivo? Las constructoras coinciden en su reflexión: el Gobierno no tiene dinero ni para pagar indemnizaciones por la reprogramación de las obras -con un coste valorado en unos 100 millones de euros- ni para activar el PlanExtraordinario de Infraestructuras (PEI).
Solución a la quiebra
Lo creen las constructoras y los grupos políticos en la oposición. Como el portavoz de CiU en el Congreso, Pere Macías, que añade un nuevo problema a la ya larga lista de frentes abiertos que tiene el ministro: el conflicto con las radiales y las autopistas de nueva generación. Aquí es, en su opinión, donde radica la clave de la situación de desconcierto que atraviesa Fomento.
Las constructoras, que deben afrontar el sobrecoste de las expropiaciones del suelo, reclaman al Gobierno una solución para evitar ir a la quiebra. "Las entidades financieras han condicionado su participación en el PEI a que el Gobierno dé una solución al problema que tienen con las concesionarias de autopistas virtualmente en quiebra técnica", explica Macías. Pero no es tarea fácil y Hacienda teme tener que asumir un agujero de 4.000 millones de euros de deuda de las concesiones si éstas quiebran.
No obstante, parece que finalmente el Estado saldrá al rescate y, según Pere Macías, Economía y Fomento podrían ratificar esta semana un acuerdo y evitar que la banca se plantee la conveniencia de instar a la quiebra de las sociedades concesionarias. Según CiU, en virtud de ese pacto, durante cinco años se crearía una cuenta de compensación por el dinero que las autopistas dejan de percibir, además de créditos participativos por valor de 250 millones de euros.
Más planes en dique seco
Hasta que este pacto no se haga oficial en el Congreso, también los planes especiales previstos como única salida se han quedado "de momento" parados. De los 17.000 millones de euros comprometidos en el PEI para 2010 y 2011, sólo se ha licitado, hasta ahora, el Centro Logístico de Aranjuez, 20 millones de euros a gastar en dos fases.
Del resto de obras anunciadas, otras siete, no hay noticia, y a sólo dos meses para que acabe el año, los constructores se temen que ni siquiera lleguen a licitarse porque el Ministerio "no tiene resuelto el problema financiero", ratifica también Javier Sáenz de Cosculluela, presidente de la patronal de constructoras medianas Aerco.
Así, según lo fijado en el PEI, los bancos y cajas y las constructoras deberán respaldar hasta un 20% de la financiación total del plan, mientras que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) cubrirá un 30% y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) el 50% restante.
La banca no fía
Pero como indica el presidente deAerco, "los bancos no se fían". Ni tampoco fían. Entre las actuaciones anunciadas para 2010 y programadas por el PEI están los accesos ferroviarios al aeropuerto de Alicante y al puerto de Algeciras; la autovía A- 66 en el tramo Benavente-Zamora; el centro logístico ferroviario de Aranjuez; las instalaciones de Alta Velocidad Albacete-Alicante y el AVE Olmedo-Orense-Santiago y Zaragoza-Teruel (electrificación), además del Complejo Vialia de Vigo- Estación de Alta Velocidad.
De momento, únicamente el tramo del Alta Velocidad Olmedo-Orense parece estar sobre la mesa. Una gran infraestructura de unos 6.000 millones de euros que dejaría fuera de concurso a las pequeñas y medianas empresas. En la trastienda se habla de conversaciones privadas de Fomento con Ferrovial, Sacyr, Dragados y FCC y dos entidades financieras que sufragarían la inversión. "Si esto es así", explica preocupado el presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Jaime Lamode Espinosa, "nos veríamos obligados a recurrir a la Comisión Nacional de la Competencia".
Lo que también tiene claro es que nunca Fomento "ha estado tan parado". Ni Fomento ni las empresas del sector que ya han empezado a despedir obreros. De hecho, dice Lamo de Espinosa, la falta de apoyo financiero en España ha llevado al Ministerio a buscar financiación fuera del país. José Blanco ha anunciado que viajará a EEUU y a China con el objetivo de captar dinero para el PEI.
Si las gestiones no salen, el futuro del sector corre serio peligro. "Hay que tener en cuenta que por cada millón de euros que no se invierte se pierden 19 puestos de trabajo", recuerda Lamo de Espinosa, que se aventura a hacer una radiografía del sector nada optimista. "A los problemas de la falta de financiación hay que sumar el coste de las indemnizaciones por la suspensión de las obras", dice.
Pago de indemnizaciones
El recorte de 5.700 millones de euros anunciado desde Fomento para ajustarse al plan de reducción de gasto impuesto por Europa no sale gratis. El Ministerio ha paralizado algunas obras y reprogramado otras, pero todo ello tiene su coste: el lucro cesante, la indemnización que les correspondería por la suspensión unilateral del proyecto (el 6% de la inversión).
Algunas de las empresas afectadas por el tijeretazo de Blanco, que no se atreven a pronunciarse en alto contra el "único cliente que tenemos y que nos da de comer", dicen que han sufrido presiones desde Fomento para renunciar al pago de la indemnización.
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